Por Eleanor Moggio
Hay debates políticos que parecen lejanos, de esos que se libran con cifras macroeconómicas y tecnicismos fríos. Pero hablar de las pensiones no va de números en una pantalla: va de la tranquilidad de nuestros padres al envejecer, del descanso tras toda una vida trabajando y de la certeza de que, si mañana las cosas vienen mal dadas, la comunidad no te va a dejar tirado.
Por eso entristece tanto escuchar cómo se intenta instalar el miedo. Nos dicen una y otra vez que el sistema público «está quebrado», que «es insostenible» y que la única alternativa razonable es que cada cual se salve como pueda contratando un plan de pensiones privado. Nos presentan el «modelo mixto» con palabras amables y promesas de libertad financiera. Pero detrás de ese discurso no hay una solución real: hay una propuesta que pone en riesgo el bienestar de la inmensa mayoría de la gente común.
La trampa del «déficit» y los gastos impropios
Para convencernos de que la Seguridad Social no se sostiene, sus detractores suelen apuntar con el dedo a las cuentas públicas y hablar de «números rojos». Pero ocultan un detalle fundamental: durante décadas, la caja de las pensiones se ha utilizado para pagar cosas que nada tenían que ver con las jubilaciones.
Son los llamados gastos impropios. Durante años, con las cotizaciones de los trabajadores —que debían reservarse exclusivamente para sus futuras pensiones— se financiaron hospitales, políticas públicas de empleo, bonificaciones a empresas o estructuras de la administración. La Seguridad Social ha estado asumiendo costes que deberían haberse pagado a través de los presupuestos generales del Estado y los impuestos.
Si a las cuentas públicas se le devuelven esos miles de millones que «cogieron prestados» para otras partidas, el mito de la quiebra se cae por su propio peso. El sistema no tiene un problema de viabilidad; ha sufrido una trampa contable para hacerle parecer débil a ojos de la ciudadanía.
La falacia del miedo demográfico
El otro argumento estrella para vendernos la privatización suele ser el mismo: «Somos una sociedad cada vez más envejecida y no habrá jóvenes suficientes para pagar a tantos jubilados». Suena lógico a primera vista, pero es una verdad a medias que esconde lo esencial.
Las pensiones, sean públicas o privadas, no se pagan con un almacén de comida guardado hace cuarenta años. Se pagan con la riqueza que un país es capaz de producir cada año. Un fondo de inversión privado no guarda medicinas ni pan para tu vejez; guarda acciones y bonos. Si el día de mañana la economía falla o la demografía cae, esos activos financieros perderán su valor exactamente igual.
La diferencia real es que el sistema público se sostiene sobre la solidaridad intergeneracional y el reparto justo de la riqueza que generamos entre todos. El sistema privado, en cambio, traslada todo el riesgo a tus espaldas: si la bolsa sube, ganas algo; si la bolsa cae, la ruina es solo tuya.
El doloroso espejo de Chile
Esto no es una suposición ni una teoría de laboratorio. Es algo que ya ha ocurrido y de lo que tenemos pruebas dolorosas.
En 1980, la dictadura de Pinochet en Chile obligó a la población a poner sus jubilaciones en manos de administradoras privadas (las AFP). Un dato revelador: los militares y la policía quedaron fuera de ese experimento y mantuvieron su sistema público garantizado. Sabían perfectamente cuál era el sistema que aseguraba un futuro digno.
Décadas después, el resultado en Chile ha sido devastador. Ante cualquier vaivén de los mercados internacionales, los fondos privados sufren pérdidas millonarias que recortan las pensiones de la gente corriente a la mitad, mientras los grandes bancos y las gestoras siguen cobrando sus comisiones multimillonarias. La frustración ha sido tan grande a nivel mundial que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha confirmado que, de los 30 países que privatizaron sus pensiones en las últimas décadas, 18 han tenido que dar marcha atrás para rescatar a sus jubilados de la pobreza.
¿A quién beneficia realmente este cambio?
Si los datos muestran que los fondos privados rinden muy poco a largo plazo (en España apenas han dado una rentabilidad real del 0,42% anual en 25 años) y que aumentan la desigualdad —especialmente para quienes tienen salarios bajos, empleos precarios o brechas de cotización, como ocurre con tantas mujeres—, ¿por qué insisten tanto en promoverlos?
La respuesta es tan sencilla como humana: el dinero de las pensiones públicas es una de las bolsas de ahorro más grandes que existen. Poner la gestión de ese dinero en manos de la banca privada es un negocio formidable para unos pocos, a costa de la incertidumbre de muchos.
Cuidar lo que nos protege a todos
El sistema público de pensiones no está quebrado. Su viabilidad depende de decisiones políticas: de si asumimos los gastos impropios desde los presupuestos del Estado, de si queremos empleos con sueldos dignos, de si perseguimos el fraude fiscal o de si distribuimos de forma justa las ganancias de la productividad.
Defender las pensiones públicas no es defender un dogma ni una postura de partido; es defender un pacto de convivencia. Es la garantía de que envejecer no suponga caer en la precariedad y de que la dignidad de la vejez no dependa de cómo cotizó la bolsa el día en que te jubilaste. Lo público no es de nadie porque es de todos, y blindarlo es cuidar de nuestro propio futuro.
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