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lunes, 19 de octubre de 2026
Lo que de verdad nos jugamos cuando nos hablan de las pensiones
Por Eleanor Moggio
Hay debates políticos que parecen lejanos, de esos que se libran con cifras macroeconómicas y tecnicismos fríos. Pero hablar de las pensiones no va de números en una pantalla: va de la tranquilidad de nuestros padres al envejecer, del descanso tras toda una vida trabajando y de la certeza de que, si mañana las cosas vienen mal dadas, la comunidad no te va a dejar tirado.
Por eso entristece tanto escuchar cómo se intenta instalar el miedo. Nos dicen una y otra vez que el sistema público «está quebrado», que «es insostenible» y que la única alternativa razonable es que cada cual se salve como pueda contratando un plan de pensiones privado. Nos presentan el «modelo mixto» con palabras amables y promesas de libertad financiera. Pero detrás de ese discurso no hay una solución real: hay una propuesta que pone en riesgo el bienestar de la inmensa mayoría de la gente común.
La trampa del «déficit» y los gastos impropios
Para convencernos de que la Seguridad Social no se sostiene, sus detractores suelen apuntar con el dedo a las cuentas públicas y hablar de «números rojos». Pero ocultan un detalle fundamental: durante décadas, la caja de las pensiones se ha utilizado para pagar cosas que nada tenían que ver con las jubilaciones.
Son los llamados gastos impropios. Durante años, con las cotizaciones de los trabajadores —que debían reservarse exclusivamente para sus futuras pensiones— se financiaron hospitales, políticas públicas de empleo, bonificaciones a empresas o estructuras de la administración. La Seguridad Social ha estado asumiendo costes que deberían haberse pagado a través de los presupuestos generales del Estado y los impuestos.
Si a las cuentas públicas se le devuelven esos miles de millones que «cogieron prestados» para otras partidas, el mito de la quiebra se cae por su propio peso. El sistema no tiene un problema de viabilidad; ha sufrido una trampa contable para hacerle parecer débil a ojos de la ciudadanía.
La falacia del miedo demográfico
El otro argumento estrella para vendernos la privatización suele ser el mismo: «Somos una sociedad cada vez más envejecida y no habrá jóvenes suficientes para pagar a tantos jubilados». Suena lógico a primera vista, pero es una verdad a medias que esconde lo esencial.
Las pensiones, sean públicas o privadas, no se pagan con un almacén de comida guardado hace cuarenta años. Se pagan con la riqueza que un país es capaz de producir cada año. Un fondo de inversión privado no guarda medicinas ni pan para tu vejez; guarda acciones y bonos. Si el día de mañana la economía falla o la demografía cae, esos activos financieros perderán su valor exactamente igual.
La diferencia real es que el sistema público se sostiene sobre la solidaridad intergeneracional y el reparto justo de la riqueza que generamos entre todos. El sistema privado, en cambio, traslada todo el riesgo a tus espaldas: si la bolsa sube, ganas algo; si la bolsa cae, la ruina es solo tuya.
El doloroso espejo de Chile
Esto no es una suposición ni una teoría de laboratorio. Es algo que ya ha ocurrido y de lo que tenemos pruebas dolorosas.
En 1980, la dictadura de Pinochet en Chile obligó a la población a poner sus jubilaciones en manos de administradoras privadas (las AFP). Un dato revelador: los militares y la policía quedaron fuera de ese experimento y mantuvieron su sistema público garantizado. Sabían perfectamente cuál era el sistema que aseguraba un futuro digno.
Décadas después, el resultado en Chile ha sido devastador. Ante cualquier vaivén de los mercados internacionales, los fondos privados sufren pérdidas millonarias que recortan las pensiones de la gente corriente a la mitad, mientras los grandes bancos y las gestoras siguen cobrando sus comisiones multimillonarias. La frustración ha sido tan grande a nivel mundial que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha confirmado que, de los 30 países que privatizaron sus pensiones en las últimas décadas, 18 han tenido que dar marcha atrás para rescatar a sus jubilados de la pobreza.
¿A quién beneficia realmente este cambio?
Si los datos muestran que los fondos privados rinden muy poco a largo plazo (en España apenas han dado una rentabilidad real del 0,42% anual en 25 años) y que aumentan la desigualdad —especialmente para quienes tienen salarios bajos, empleos precarios o brechas de cotización, como ocurre con tantas mujeres—, ¿por qué insisten tanto en promoverlos?
La respuesta es tan sencilla como humana: el dinero de las pensiones públicas es una de las bolsas de ahorro más grandes que existen. Poner la gestión de ese dinero en manos de la banca privada es un negocio formidable para unos pocos, a costa de la incertidumbre de muchos.
Cuidar lo que nos protege a todos
El sistema público de pensiones no está quebrado. Su viabilidad depende de decisiones políticas: de si asumimos los gastos impropios desde los presupuestos del Estado, de si queremos empleos con sueldos dignos, de si perseguimos el fraude fiscal o de si distribuimos de forma justa las ganancias de la productividad.
Defender las pensiones públicas no es defender un dogma ni una postura de partido; es defender un pacto de convivencia. Es la garantía de que envejecer no suponga caer en la precariedad y de que la dignidad de la vejez no dependa de cómo cotizó la bolsa el día en que te jubilaste. Lo público no es de nadie porque es de todos, y blindarlo es cuidar de nuestro propio futuro.
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¿Insostenibilidad o deuda histórica? El gran engaño sobre las pensiones
¿Insostenibilidad o deuda histórica? El gran engaño sobre las pensiones
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Por Eleanor Moggio
Durante los últimos años, el debate político y mediático sobre el futuro de las pensiones públicas se ha instalado en una narrativa obsesiva: la insostenibilidad. Nos repiten en bucle que la factura se disparará en las próximas décadas, que el envejecimiento demográfico destruirá el sistema y que la jubilación del baby boom dejará un agujero irreparable en las arcas del Estado. Sin embargo, detrás de esta alarma calculada se oculta de forma deliberada el origen del verdadero problema y el verdadero interés que la impulsa.
Para analizar las cuentas públicas con veracidad, hay que dar a cada uno el lugar que le corresponde: al César lo que es del César y al Papa lo que es del Papa. Quienes abrieron la vía, investigaron con rigor y desmontaron contablemente el relato del «déficit» de la Seguridad Social no fueron los grandes titulares mediáticos ni quienes hoy se cuelgan medallas ajenas. Fue el trabajo militante de sindicalistas de base con décadas de experiencia en el sector del metal y en la lucha laboral —entre ellos Paco Ledo, Manuel Penelas y José Remón Fernández—, quienes impulsaron ADEPPU (Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas) y supieron aplicar su sabiduría y veteranía para analizar a fondo el tinglado de las cuentas públicas.
Fueron ellos quienes comprendieron que para defender el sistema no bastaba con pancartas; hacía falta destapar el gigantesco saqueo de los gastos impropios. Y esa labor de análisis tuvo su momento cumbre en la calle: la actual presidenta de ADEPPU, Leonor Mogio, entregó personalmente en mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un texto escrito, una carta clara y directa que ponía negro sobre blanco todo el entramado de los desvíos.
Aquel escrito —que más tarde analizó y encauzó institucionalmente la entonces ministra Magdalena Valerio en los trabajos del Pacto de Toledo— dejaba al descubierto cómo, durante décadas, el dinero de las cotizaciones de los trabajadores asalariados se utilizó como la «caja chica» del Estado. Se pagaron con ese esfuerzo partidas que debían haberse financiado exclusivamente con impuestos generales: prestaciones no contributivas, bonificaciones a las empresas, tarifas planas y los propios gastos de administración del Estado.
Pero la lista de conceptos no cubiertos por los Presupuestos Generales es aún más larga: existe un extenso abanico de desvíos contables, expolios patrimoniales y coberturas de déficits de otros regímenes. Toda la red hospitalaria histórica (el antiguo Insalud), ambulatorios, sedes e inmuebles se construyeron y compraron con el dinero de las cotizaciones sociales para, posteriormente, ser traspasados a las administraciones generales o a las Comunidades Autónomas sin restituir ni un solo euro a la hucha de las pensiones.
Asimismo, la caja común del Régimen General tuvo que absorber durante años el desfase financiero de otros esquemas de cotización, como el de los autónomos (RETA). En este terreno, es preciso matizar con rigor: mientras los pequeños autónomos y trabajadores por cuenta propia han sufrido a menudo la precariedad y cotizaciones ajustadas a sus escasos ingresos reales, el sistema permitió que grandes autónomos y administradores societarios optimizaran sus aportaciones cotizando por las bases mínimas posibles a pesar de manejar elevados volúmenes de facturación. El agujero generado por esta falta de progresividad y por las bonificaciones del Estado no se financió desde los impuestos generales, sino que se cargó directamente a la hucha de los trabajadores por cuenta ajena.
A toda esta sobrecarga se suma un sangrante agravio comparativo que el propio sistema lleva costeando durante años: el régimen de las Clases Pasivas del Estado. En este esquema se han financiado jubilaciones anticipadas a los 60 años sin penalización alguna y percibiendo el 100% de la pensión reguladora cumplidos determinados años de servicio. Mientras tanto, a un trabajador por cuenta ajena con más de 40 años cotizados a sus espaldas en la fábrica, la obra o la oficina se le aplican castigos y coeficientes reductores permanentes en su pensión si decide retirarse antes. Un sobrecoste histórico y una doble vara de medir injustificable que también ha terminado impactando en el equilibrio financiero global.
A esta sangría contable se suma el episodio sangrante de la «hucha de las pensiones» (el Fondo de Reserva). De los casi 67.000 millones de euros acumulados con el esfuerzo de los trabajadores que llegó a haber en la hucha, el Gobierno de Mariano Rajoy vació más de 60.000 millones. Un dinero que se volatilizó mientras el Estado destinaba ingentes recursos públicos al rescate de la banca privada. ¿Para cuándo van a devolver ese dinero a los trabajadores? ¿Por qué no se investiga a fondo hasta el último céntimo de esa caja saqueada?
Las cifras resultantes de toda esta denuncia no son una invención: el propio Tribunal de Cuentas constató más de 100.000 millones de euros retirados de forma impropia en solo tres décadas. Al actualizar la inflación, el patrimonio cedido, los vaciados de la hucha, los desvíos presupuestarios y los intereses acumulados de más de 40 años, la deuda real del Estado con la caja de las pensiones supera holgadamente los 500.000 millones de euros.
Detrás de este ninguneo sistemático se esconde el verdadero objetivo: el apetito de la banca por hincarle el diente a la gran hucha del sistema público, un enorme pastel financiero que les reportaría millonarios dividendos si se privatizara o convirtiera en planes privados obligatorios. Fabricar un falso pánico de quiebra es la herramienta necesaria para desmantelar lo público y empujar al negocio privado a quienes sostienen el país.
¿A quién pretenden engañar? A quienes con su esfuerzo diario, madrugando durante décadas, levantaron la industria, las infraestructuras y la riqueza de este país no se les despoja de sus derechos impunemente. No lo permitiremos. La lección que iniciaron aquellos sindicalistas del metal y que hoy sostiene ADEPPU sigue más viva que nunca: las pensiones públicas SON SOSTENIBLES, son un derecho conquistado y no se van a regalar al negocio privado. ¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!
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lunes, 2 de febrero de 2026
COEFICIENTES REDUCTORES 2026
¿Cómo afecta a las pensiones máximas en 2026?
En 2026, si tu base de cotización es alta y aspiras a la pensión máxima, debes tener en cuenta dos límites que "chocan":
• El Tope Máximo: Con la revalorización del 2,7% de este año, la pensión máxima se sitúa en torno a los 3.260 euros mensuales (45.640 € anuales en 14 pagas).
• El "Doble Recorte": Si te jubilas anticipadamente y tu pensión calculada es superior a la máxima, se te aplican los coeficientes reductores directamente sobre el tope de la pensión máxima, no sobre tu base reguladora. Esto hace que, aunque hayas cotizado por lo más alto, el recorte sea muy sensible porque se aplica sobre el techo permitido por ley.
DOCUMENTO INFORMATIVO: JUBILACIÓN CON MÁS DE 40 AÑOS COTIZADOS (FEBRERO 2026)
1. El "Plus" o Complemento de la Ley 21/2021
Este complemento para compensar a quienes se jubilaron anticipadamente con largas carreras sigue vigente, pero bajo criterios estrictos:
• Destinatarios: Personas jubiladas entre 2002 y 2021.
• Requisitos: Tener más de 44 años y 6 meses cotizados, o bien 40 años si la pensión es inferior a la cuantía mínima establecida (aprox. 900€ en valores de referencia).
• Gestión: La Seguridad Social lo aplica de oficio. Si no se percibe a estas alturas de 2026, es porque el caso no cumple los requisitos de "perjuicio" comparativo que marca la normativa.
2. Situación de la reivindicación de ASJUBI40
A pesar de la presión social para eliminar las penalizaciones a quienes superan los 40 años de cotización:
• Estado Político: Sigue sin aprobarse un Real Decreto que elimine estos coeficientes de forma generalizada.
• Realidad en 2026: El reciente Real Decreto 39/2026 (21 de enero de 2026) se ha limitado a la revalorización general de las pensiones y nuevos topes, pero mantiene las penalizaciones por jubilación anticipada para largas carreras.
3. Coeficientes reductores y penalizaciones en 2026
Para una persona con más de 40 años cotizados (y menos de 44 años y 6 meses), los recortes por jubilación voluntaria son:
• Anticipo de 24 meses (2 años): Recorte del 17%.
• Anticipo de 12 meses (1 año): Recorte del 4,75%.
• Anticipo de 1 mes: Recorte del 2,63%.
IMPORTANTE: Si la jubilación es forzosa (despido objetivo o ERE), los recortes son menores (por ejemplo, un 13% por 2 años de adelanto).
4. Impacto en la Pensión Máxima
• *La pensión máxima en 2026 tras la subida del 2,7% ronda los 3.260 €/mes.
• Si el cálculo de tu pensión supera ese límite pero te jubilas antes de tiempo, la penalización se aplica sobre el tope máximo, lo que reduce efectivamente la cuantía final a percibir por debajo de dicho tope.
5. Consideraciones Finales
• Edad legal: Con más de 40 años cotizados, tu edad legal para el 100% son los 65 años.
• *Revalorización: Todas las cuantías resultantes incluyen ya la subida del 2,7% aplicada este año, pero este incremento se suma una vez aplicado el recorte por jubilación anticipada.
sábado, 20 de diciembre de 2025
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