INDICE DE TEMAS
1.
GASTOS E INGRESOS.
2.
REFORMA LABORAL.
3.
IMPUESTOS.
4.
QUE ES EL PACTO DE TOLEDO.
4.1. Recomendaciones del Pacto de
Toledo
4.2 Reformas del Pacto de Toledo
4.3 Pacto de Toledo. Actualidad.
5.
REPRESENTATIVIDAD.
6.
LLEGÓ LA PANDEMIA.
7.
ACUERDO EUROPEO.
SITUACIÓN
ECONÓMICA DEL SISTEMA
DE PENSIONES
1.- GASTOS E INGRESOS.
La situación
legal del sistema de pensiones está en la actualidad, en el limbo. No está
derogada la ley de manera formal, aunque de hecho, gracias a las presiones de
los jubilados, llevamos tres años con la subida del IPC. El Gobierno, en una de
las primeras medidas, tiene que aprobar su incremento por ley en base al IPC,
como estaba antes.
La Seguridad
Social está dividida en distintos regímenes (general, minería, de autónomos,
pesca, etc.). El régimen general es el que de verdad está sosteniendo la tesorería
de la Seguridad Social, al que pertenecen unos 16 millones de trabajadores
cuyas cotizaciones (cerca de un 29 % del salario) las aportan empresarios y
trabajadores. El resto hasta los 19 millones totales son los regímenes
especiales, de los que la mayor parte la componen los autónomos con unas cuotas
mínimas y tan escasas que la diferencia entre lo que pagan y lo que reciben
arroja un déficit de 6.850 millones de euros anualmente.
El régimen
general, a pesar de los alarmismos de las empresas financieras y de la prensa
económica, que nos recuerdan todos los meses lo mucho que hay que pagar por las
pensiones, les decimos que estén tranquilos, que el régimen general tiene las
cuentas equilibradas y que si la mayoría de los regímenes especiales pagaran las
cotizaciones en función de sus ingresos, tampoco tendrían déficit.
El régimen
general está aumentando sus ingresos sobre todo por:
·
Creación
de puestos de trabajo cifrada en un
millón y medio en los últimos tres años.
·
La
subida del salario mínimo a 950 euros.
·
La
subida de las cotizaciones :
ü
2.019: Al 1,6 y las máximas al 7 %
La subida
salarial de los funcionarios:
ü
2.019: En torno
del 3,5 %
La subida de los convenios:
ü
2.019:
En torno del 3 %
Cotización
del subsidio de mayores de 52 años
Cotización de
los cuidadores de mayores familiares.
En el año
2.019, el incremento económico de las cotizaciones a la Seguridad Social está
en el 8,09%, que equivalen a unos 11.000 millones de euros anuales (al
30.04.2019, según datos oficiales) muy superior al aumento del gasto anual de
pensiones. Este dato no ha sido publicado ni por los medios de comunicación
generalistas, ni comentado por los tertulianos.
Todo ello
demuestra que, si el Gobierno y los grupos parlamentarios asumieran su
responsabilidad y quitaran del gasto de las pensiones todas aquellas partidas
que le son ajenas, el déficit desaparecería. Estos gastos indebidos,
denunciados por el Partido Socialista por medio de su Secretario General, Pedro
Sánchez y otros miembros de su ejecutiva como Magdalena Valerio, en las charlas
que estuvieron dando por toda España con motivo de la subida del 0,25% en las
pensiones, se unen al dictamen de la Autoridad Fiscal Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) que dice con claridad que esos gastos impropios
hay que pasarlos a los Presupuestos Generales porque son ajenos a las
pensiones.
A
continuación reproducimos de forma literal y parcialmente lo expresado en
su informe sobre la Seguridad Social que
dice textualmente en 09.01.2.019: La Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF) plantea al Gobierno “que la Seguridad Social “destine sus
ingresos por cotizaciones sólo al pago de pensiones y que el Estado asuma el
déficit que arrastra el sistema para sanearlo y despejar las dudas sobre su
sostenibilidad futura.
La AIReF
plantea redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales elevando los
destinados al sistema de pensiones y reduciendo en la misma cuantía el dirigido
al SEPE, así como un traslado de los gastos no contributivos al propio Estado.”
Los gastos
impropios en 2.019 tuvieron la siguiente composición:
·
Más
de 4.500 millones por salarios de funcionarios, gasto corriente, inversiones,
edificios etc.
·
Más
de 2.000 millones de subvenciones por ayudas al empleo.
·
Más
de 2.000 millones por permisos de maternidad y paternidad
·
Más
de 6.850 millones por el déficit de los autónomos.
·
Régimen
del mar 1.750 millones de déficit.
·
Régimen
de la minería 1.495 millones de déficit.
Todo ello
suma más de 18.000 millones, que es el déficit que se imputa a la Seguridad
Social. Los funcionarios de la Seguridad Social son los únicos, en toda la
Administración del Estado, que no cobran de los Presupuestos Generales. No
existe ninguna justificación para que cobren del dinero de los pensionistas.
Tenemos
muchas dudas de que el dinero utilizado para las ayudas al empleo sirva para
algo. Pero si hay que dar estas ayudas, que se paguen desde los Presupuestos
Generales del Estado, no del dinero de los pensionistas.
Nos parece
muy bien que existan ayudas a la paternidad y maternidad y que se fomente la
natalidad. Pero estas ayudas, deben darse también con cargo a los Presupuestos
Generales y en ningún caso del dinero de los pensionistas.
El régimen de
autónomos es el único cuyos integrantes eligen la cuantía de su cotización y,
en la mayoría de los casos (86 %), eligen la tarifa mínima, lo que produce el
déficit insostenible de cerca de 7.000 millones. La única solución es que
coticen en función de sus ingresos reales, como dice el Gobierno y hacen todos
los trabajadores por cuenta ajena.
Las
compensaciones en las cotizaciones a los trabajadores del mar y la minería son
una decisión política que debe ser soportada por los Presupuestos Generales, y
sobre todo debe tenerse en cuenta que son sectores con tendencia a disminuir a corto /medio
plazo.
En resumen,
todos los gastos que obedecen a decisiones políticas deben ser sufragados
por los Presupuestos Generales, nunca
por las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. El dinero de
las cotizaciones solo tiene que utilizarse para pensiones.
El Gobierno
tiene la obligación de explicar a la ciudadanía cuál es la situación real de la
Seguridad Social y, si necesita tiempo para ir haciendo los cambios, que sea
con conocimiento público y no dando carnaza a los enemigos de las pensiones.
El Ministerio de Seguridad Social, en sus
próximos Presupuestos, debe imponer a los autónomos que coticen en función de
sus ingresos reales, igual que sucede con los trabajadores por cuenta
ajena. No se puede permitir que 2/3 de
los autónomos con importantes ingresos no paguen lo que les corresponde y el
déficit así producido lo paguen los de siempre, los que están sujetos a nómina.
Asimismo,
pedimos al Presidente del Gobierno que haga retirar de la agenda económica la
propuesta de la “mochila austríaca”. No sabemos de dónde ha salido. En un
principio la apadrinaba el Sr. Garicano, de Ciudadanos. Luego nos hemos
enterado de que, en el Gobierno de Zapatero, se hizo un estudio, que no
trascendió. El resultado fue que era imposible su implantación en España. Ahora
nos sorprende que vuelva a aparecer en la agenda del Gobierno. Ni se ha
discutido en el PSOE, ni lo han discutido los sindicatos, y la ciudadanía nos
preguntamos, ¿no tenemos bastantes problemas para que el Gobierno nos complique
más la vida?.
Al ministro
de la Seguridad Social le pedimos para los próximos presupuestos, para
equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, un incremento de un punto en la
cotización patronal. Decimos que se suba un punto las cotizaciones simplemente
porque hace unos años ya se bajaron en torno a 4 puntos de lo que se
beneficiaron las empresas. Cuando se
inició la recuperación y creciendo la riqueza en torno al 3 % anual, no había
dinero para subir las pensiones ni los salarios. Todo para las empresas.
Por eso un 1% de
incremento en las cotizaciones de las empresas estaría totalmente
justificado máxime si con ello desapareciera el problema de la
financiación de las pensiones.
Es más lógico
que sean todas las empresas quienes contribuyan a resolver un problema que los
Grupos Parlamentarios han creado usando el dinero de los pensionistas sin tener
en cuenta el coste económico que conllevaba y cuyo resultado final ha provocado
un coste final superior a 18.000 millones anuales. Todavía hay colectivos que
atacan al sistema como pueden ser:
·
Quienes
demandan una pensión mínima de 1.080 euros,
·
Los
que desean bajar la edad de jubilación a los 65 años o
·
UGT
que apoya la demanda de quienes con 40 años cotizados, no se les aplique el
coeficiente reductor.
Denunciamos
la demagogia de esta petición, cuando este sindicato conoce que por el
volumen de personas afectadas, no existe
capacidad económica ni en la Seguridad Social ni en el país para atender esta
petición.
Se están
generando unas expectativas que, como no pueden llegar a término, generarán una
gran frustración y desapego en los ciudadanos hacia el mejor sistema de
pensiones del mundo.
Con estas
medidas empezaría a aumentar la hucha de las pensiones que el PP dejó extenuada
2
REFORMA LABORAL.
Para reforzar
la situación económica del sistema de la Seguridad Social, el Gobierno debe
corregir con la máxima urgencia en la legislación laboral:
·
La
vigencia de los convenios. Los convenios, una vez denunciados, deben tener
vigencia mientras no se firme uno nuevo. En consecuencia debe desaparecer la
ultractividad, cláusula introducida en la reforma laboral del PP que pretendía
quitar derechos de los trabajadores.
·
Que
los convenios de régimen superior tengan prioridad sobre los de empresa,
siempre que sean superiores, considerados en su globalidad.
·
Una
acción fuerte y decidida contra los falsos autónomos, cambiando si es necesario
la ley, de tal manera que los falsos comerciales, mensajeros, etc. tengan una
contratación laboral de asalariados, como trabajadores por cuenta ajena. Este
colectivo tiene condiciones laborales rayanas con la servidumbre.
Todo ello
ayudará a dignificar el trabajo y el salario de muchos trabajadores e
incrementará las cotizaciones para la jubilación.
Con todas las
medidas anteriores y dedicando el dinero de las cotizaciones solo a las
pensiones no se tendrá déficit y se empezará a incrementar la hucha
de las pensiones.
·
A
las personas viudas sin otros ingresos y menores de 65 años, se les debe
incrementar la pensión al 60 %, como a las mayores de 65 años y en un plazo de
10 años que suban al 70 %.
Asimismo debe
desaparecer de la ley el requisito de tener dos años cotizados dentro de los 15
años anteriores a la jubilación, que solo sirve para no dar la pensión a las
mujeres que, por diferentes circunstancias, se vieron obligadas a abandonar el
puesto de trabajo. Los 15 años mínimos para tener derecho a percibir la pensión
contributiva deben ser el único requisito.
Hay que pedir
a la Seguridad Social un poco más de sensibilidad para solucionar los casos de
las personas que han visto denegadas la pensión contributiva del SOVI (433
euros) que, por diferentes motivos ajenos a ellas, no tienen cotizados los
1.800 días.
3
IMPUESTOS.
La situación
económica que nos ha dejado el Gobierno del PP, que saca pecho diciendo que ha
hecho una gestión maravillosa, nosotros creemos que es penosa. La realidad en
las pensiones es que han estado 5 años con subidas del 0,25%, en 7 años un 3.25% (1+1+0,25+0.25+0,25+0,25+0,25) los salarios de
la mayoría de los trabajadores se han visto congelados y, en los casos de los
salarios más bajos, recortados. Todavía continúan parte de estas medidas en el
sector privado. El déficit de la Seguridad Social lo han dejado en 18.000
millones.
·
Han
pedido 20.000 millones al Tesoro para cubrir pagos de la Seguridad Social,
·
Han
aumentado la deuda pública del 60% hasta el 100% del PIB
·
Han
esquilmado la hucha de las pensiones hasta reducirla a la mínima expresión.
Por si fuera
poco para hacer frente a la situación económica actual, nos prometían una bajada
de impuestos. ¿A costa de qué? ¿de las
pensiones?, ¿de la Sanidad ?, ¿de la Educación? ..…
El Gobierno
actual tiene la obligación incrementar la recaudación de una manera más
decidida, más agresiva con los que no pagan o no pagan lo que debieran.
Es
urgentísimo que no nos tomen más el pelo; que los autónomos paguen cuanto antes
lo que les corresponda, ni un euro más, pero ni un euro menos. Son casi 7.000
millones anuales el déficit de este colectivo que, en su conjunto, tienen unos
ingresos muy sustanciosos y que, a la Seguridad Social ingresan, en la mayoría
de los casos, no más de 300 euros mensuales.
El Gobierno, a nuestro entender, debe
incrementar los impuestos a los que ingresan más de 100.000 euros anuales. Un par de puntos es soportable.
No hay otra manera para bajar la deuda y mantener los servicios sociales que con impuestos. No
se nos puede olvidar que la iglesia, de manera voluntaria o forzosa, debiera pagar los impuestos en
todos los casos, excluido el culto.
El sistema de
módulos, en el régimen de autónomos, debe ser anulado. Entendemos que está
obsoleto. En ocasiones, además, se presta a irregularidades con Hacienda.
Denunciamos
la actitud provocativa del presidente del Banco de España, Tribunal de Cuentas,
y de gran parte de los gabinetes de análisis financieros que, en sus estudios,
no hacen más que alarmar a la ciudadanía, en sus predicciones sobre la
sostenibilidad del sistema, planteando una bajada de las pensiones.
Saben que
mienten, conocen la existencia de los gastos impropios y, además están
respaldados con unos salarios superiores a los 100.000 euros y unos planes de
pensiones que pagamos todos los ciudadanos.
Nos hacemos
una pregunta: si hay salario mínimo, ¿no sería conveniente establecer un
salario máximo al menos en las administraciones públicas y en los organismos
autónomos?.
Tenemos que
felicitar al presidente del Banco de España, que cobra más de 200.000 euros;
confiamos en que él sí pueda ahorrar algo. ¿Cómo puede ser que durante la crisis
no haya habido ningún Gobierno capaz de recortar salarios y prebendas a estos
colectivos, que no han brillado por su buen hacer?
Su
incapacidad para controlar a las cajas de ahorros nos ha costado más de 65.000
millones. Han permitido las estafas de Fórum Filatélico, Afinsa, y preferentes
mientras ellos han seguido luciendo su status y disfrutándolo.
Han criticado
las subidas del salario mínimo a 900 en 2.019 y a 950 euros en 2.020,
vaticinando la pérdida de 150.000 empleos que, por fortuna, no se han hecho
realidad. Estas actuaciones rayan la inmoralidad.
4 ¿QUE ES EL PACTO DE TOLEDO?.
El Congreso
de los Diputados aprobó en tiempos de Felipe González, en 1.995 la creación de
una comisión que analizase los problemas del sistema de pensiones y de las
reformas que deberían acometerse para garantizar su sostenibilidad a largo
plazo. A esta comisión se la llamó Pacto de Toledo.
La idea era
que el tema fuese tratado como una cuestión de Estado por encima de las
diferencias entre partidos con lo que se obligaba a tomar decisiones por
consenso.
El Pacto de
Toledo no tiene capacidad legislativa y hace recomendaciones. Si son
consensuadas tienen muchas posibilidades de convertirse en ley, pero no siempre
ha habido consenso. En este caso al Gobierno de turno le toca legislar. Últimamente el consenso está roto.
4.1 Recomendaciones
del Pacto de Toledo
Normalmente,
la forma de trabajar del Pacto de Toledo es la siguiente:
ü
el
Pacto hace una recomendación,
ü
el
Gobierno la negocia con los agentes sociales, patronal y sindicatos,
ü
finalmente,
se lleva al Parlamento para que se convierta en Ley.
Las primeras
recomendaciones del Pacto de Toledo dieron lugar a la aprobación en 1.997 de
una Ley que fijó varios puntos esenciales:
1. La Seguridad Social tendría sus
propias fuentes de financiación: las cotizaciones de empresarios y
trabajadores. Las prestaciones de naturaleza no contributiva (las que no se
derivaban de las cotizaciones a la Seguridad Social) pasaban a ser financiadas
por el Estado.
2. Hecho que no se ha cumplido. Seguridad
Social sigue pagando gastos impropios. (18.000 millones anuales).
Se
creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social que permitiría que el ahorro
que se produjese cuando las cotizaciones excediesen al gasto fuese aplicado en
los momentos de crisis en que el gasto fuese mayor que lo que se recaudaba.
Hasta entonces el dinero sobrante de la Seguridad Social incrementaba los
Presupuestos del Estado.
3. Se establecía el principio de
proporcionalidad: La cuantía de las prestaciones dependerían de lo cotizado
previamente.
4. Las pensiones se revalorizarían
automáticamente en función de la variación del Índice de Precios de Consumo
(IPC).
5. Se estableció la edad de jubilación en 65 años.
4.2 Reformas del Pacto de Toledo
En los años
posteriores, se introdujeron dos reformas principales que no fueron
consensuadas dentro del Pacto de Toledo y dieron lugar a la situación actual.
La primera
aprobada por el Gobierno de Zapatero con acuerdo mayoritario del Pacto de
Toledo y Agentes Sociales dieron lugar a:
ü
Retrasar
progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años. De 2.013 a 2.027.
ü
Aumentar
progresivamente de 35 a 37 años el tiempo de cotización para tener derecho al
100% de la pensión.
ü
Calcular la cuantía de la pensión en función
de las cotizaciones realizadas en los 25 años anteriores. Será a partir del año
2.022.
La segunda
reforma por el Gobierno de Rajoy, aprovechando su mayoría parlamentaria, en
el año 2.013 hizo una ley en solitario
sin contar con otros Grupos Políticos ni Agentes Sociales
ü
La
actualización de las pensiones no sería en base al IPC. Sería del 0,25 %
mientras durase el déficit en la Seguridad Social. Se estimaba que dicha subida
tendría una duración de 25 años.
ü
Se
introdujo el llamado "factor de sostenibilidad" que debería comenzar
a aplicarse en 2.019. Esto suponía que la pensión se calcularía en función de
la esperanza de vida en cada momento. Si
la esperanza de vida es mayor, la pensión disminuye.
4.3 Pacto de Toledo. Actualidad.
No está claro
lo que pasará a partir de 2.020 debido a que el Pacto de Toledo dejó de
reunirse en el momento en que se convocaron elecciones. Aunque existía cierto
consenso respecto a que las pensiones se revalorizasen en función del IPC.
Por ello el
Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad de aprobar una ley que
tranquilice a los pensionistas respecto al mantenimiento de su poder
adquisitivo.
Conocemos que
a partir de Septiembre-2020 continuarán los trabajos de la Comisión del Pacto
de Toledo continuando en el punto en que quedaron interrumpidos en la anterior
legislatura.
Se han pedido
las comparecencias del Presidente del Banco de España y del Ministro de Seguridad Social sin excluir otras fuentes de
información que serán aportadas a todos
los portavoces de los grupos parlamentarios. ADEPPU hará llegar sus
aportaciones que publicará para conocimiento general
A partir de
ahí esperamos que se pueda llevar al Pleno del Congreso de los Diputados para
que una vez aprobado con una mayoría suficiente se pueda:
ü
Derogar
la ley del 0,25 % .
ü
Determinar
cuándo los Presupuestos Generales del Estado asumen los gastos impropios.
ü
Subir
las cotizaciones un punto al conjunto de empresas.
5
REPRESENTATIVIDAD.
Es un hecho
que el colectivo de jubilados y pensionistas –más de 8.800.000 pensionistas con más de 9.700.000
pensiones, no tiene una representación que plantee y defienda los asuntos que
le atañen como tal colectivo.
Si esa
representación existiera y tuviera voz propia en las mesas de negociación,
donde se debaten y deciden asuntos de
mucha trascendencia para los mayores, algunas de las medidas gubernamentales,
regresivas y lesivas para este colectivo, no se hubieran tomado por una posible
reacción frontal de los jubilados. Nos referimos a asuntos como Pensiones,
Sanidad y Dependencia, cuyos servicios son utilizados mayoritariamente por el
colectivo de mayores.
Medidas como
el incremento del 0,25% o la ley de sostenibilidad, que por fortuna no ha
llegado a aplicarse, hubieran tenido una reacción frontal. Sin embargo fueron metidas con calzador,
aplicando la ley del embudo, y con el único fin de reducir el gasto y
empobrecer las pensiones hasta en un 30 %, pretendiendo dejar a la mayoría al
borde de la miseria en aras del mantenimiento del gasto.
Solo la
movilización masiva de los jubilados hizo suspender las medidas y aplazar su
entrada en vigor. Solo queda, y lo
esperamos de este Gobierno, su derogación y establecer mediante una ley, con el
mayor consenso posible, el mantenimiento del poder adquisitivo.
Se hace
imprescindible que los jubilados y pensionistas tengan representación propia,
no otorgada, como sucede en la actualidad, a los sindicatos. Los sindicatos
representan a los trabajadores en activo. Y ambos colectivos deben ser aliados
para defender al conjunto de los pensionistas y sus intereses.
No entendemos
que la mayoría de las Organizaciones de Jubilados no exijan a los partidos
políticos que el dinero de las cotizaciones sea utilizadas solo para las
pensiones y den por bueno la existencia de un déficit en la Seguridad Social.
La comisión
parlamentaria del Pacto de Toledo estudia, acuerda y emite recomendaciones de
afectación exclusiva, en el tema de pensiones, sin escuchar a este colectivo lo
que no parece correcto en una sociedad democrática.
Si es
necesaria una ley que cubra esta deficiencia, hágase y no se permita que un
colectivo integrado por la quinta parte de la población española se mantenga
sin representación.
Una nueva ley
requerirá tiempo y consenso. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad
Social podría nombrar un órgano
consultivo, constituido entre las diversas organizaciones de jubilados.
En el país
existen miles de asociaciones de jubilados. Esto hace difícil la interlocución.
Una vez recuperada la subida del IPC de los años 2.018, 2.019 y 2.020,
esperamos que el Gobierno derogue la ley del 0,25% y la organizaciones de
jubilados seamos capaces de exigir que el dinero de las cotizaciones se
apliquen solo a la pensiones.
6
LLEGÓ LA PANDEMIA.
Hemos sido
sorprendidos desagradablemente por la irrupción del coronavirus. En principio
se le daba la importancia de una simple gripe, pero finalmente ha producido más
de 28.000 muertos a nivel nacional y nos ha hecho paralizar el país descuadrando todas las cuentas económicas.
Estamos
pagando caro los recortes en la Sanidad a nivel nacional y la desidia del
Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ambas cuestiones han producido la hecatombe
en las residencias de mayores abandonadas a su destino con más de 8.000
fallecidos ante la incapacidad de sus responsables de auxiliarlos.
Por ello
Isabel Díaz Ayuso como Presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, como Consejero de Servicios
Sociales y Enrique Ruiz como Consejero de Sanidad, han sido demandados por
ADEPPU en Junio de 2020. El caso está en el Tribunal Supremo por su condición
de aforados.
El Gobierno
de la Nación ha tratado por todos los medios de atender al conjunto de la
sociedad:
ü
A
las empresas,
ü
A los trabajadores,
ü
A
quienes tenían derechos,
ü
A
quienes no los tenían,
ü
A
quienes han cotizado a la Seguridad Social
ü
A quienes no habían cotizado.
Una vez más los que menos vienen aportando a
las arcas públicas son los que más han exigido. El Gobierno ha atendido a todos
los colectivos con la incomprensión de los grupos políticos de derechas a
quienes todo les parecía poco y mal. Hemos oído a la derecha económica y
empresarial pedir ayuda económica y a la vez bajada de impuestos.
Un país,
España, al que el PP dejó:
ü
Una
deuda del 100 % sobre su PIB,
ü
Una
subida de pensiones del 0,25 %,
ü
Unos salarios devaluados y rebajados.
No obstante,
este Gobierno ha tomado la decisión de defender la salud de sus ciudadanos
asumiendo los costes económicos que representaba.
En este
momento los jubilados tenemos la certeza y la tranquilidad de saber que el
Gobierno va a mantener el IPC real como subida de las pensiones. En cambio no
tenemos la seguridad de mantener la asistencia sanitaria adecuada, con la rabia
de haber visto morir de mala manera, en las residencias de mayores, a un montón
de compañeros y amigos por la desidia de los responsables políticos.
Para salir de
esta situación, el Gobierno está pagando con un dinero que no tiene. Aparte de
las ayudas de la Unión Europea habrá que volver a la realidad económica y
empezar a revisar el sistema fiscal que obligue a pagar a quienes no pagan o no
pagan lo que deberían, autónomos pudientes, iglesia y otros, para que aporten
más, quienes más tienen.
Es un tema de
justicia social. Uno de los problemas
mayores que tenemos es el problema fiscal. Ninguno de los gobiernos que ha
habido en democracia ha sido capaz de corregirlo.
En su momento
se bajaron las cotizaciones sociales y los impuestos con el eslogan que decía
que “bajar impuestos también era de izquierdas”. Muy caro lo hemos pagado.
Gran parte de
los problemas económicos del país vienen de estas decisiones erróneas. Este es
un momento histórico donde se deben corregir estos errores para que haya más
dinero para la sanidad, educación y que las pensiones no paguen de sus
presupuestos, los gastos impropios que le son ajenos y sigamos con un sistema
de pensiones que de verdad es de los mejores del mundo.
Señores del
Gobierno, si no son capaces de:
·
Subir
2 puntos a quienes ganan más de 100.000 euros al año,
·
Anular
el sistema de módulos,
·
Que
la Iglesia acabe de una vez pagando lo que le corresponda.
Las cuentas
no les van a salir. Hay que tener valentía y hacer pagar fundamentalmente a
quienes no pagan o no pagan lo que les corresponde.
Recordar
asimismo que siendo importante que
paguen las grandes fortunas, que lo es, es más importante corregir el gran
cáncer de esta sociedad cual es la naturalidad con que muchos vecinos nuestros
no pagan y se vanaglorian de ello. Muchos ciudadanos disponen de buenas
mansiones y buenos coches y cotizan por lo mínimo a la Seguridad Social y
defraudan a Hacienda. Nos estamos refiriendo a la mayoría de los autónomos
pudientes.
Señor
Ministro de Seguridad Social estamos totalmente de acuerdo con su diagnóstico
de las Pensiones. Pero hay que empezar a poner en práctica las medidas
correctoras. Empezando por explicar a los ciudadanos la hoja de ruta a seguir
para que nos conduzca en un plazo razonable a una Seguridad Social con
superávit. Mientras tanto pediríamos que no se toquen más temas de las
pensiones como pueden ser los coeficientes reductores a las cotizaciones
máximas que ya están pagando bastante más de lo que les corresponde. No sería
lógico ni justo intentar penalizarlos.
Es necesario subir en un punto porcentual al
menos las cotizaciones empresariales. Con ello quedaría resuelto el mal llamado déficit de la
Seguridad Social.
·
Reducir
la cuantía de los coeficientes reductores que se aplican a los trabajadores que
se ven obligados a jubilarse anticipadamente.
·
Anular
la obligación de tener dos años cotizados en los últimos 15 para tener derecho
a percibir prestación de jubilación. Se puso exclusivamente para quitar
pensiones, normalmente de mujeres, sin recursos y sin posibilidad real de
encontrar trabajo.
·
El
Gobierno tiene la palabra y en él confiamos.
6
ACUERDO EUROPEO.
Tenemos que
felicitar al Gobierno que por primera vez en Europa se haya conseguido negociar
un acuerdo por un importe de 750.000 millones
de euros de los cuales casi la mitad es deuda europea y la otra mitad préstamos
a largo plazo y bajo tipo de interés. A España le serán de aplicación unos
140.000 millones de euros en su
conjunto.
En la
anterior crisis de 2008 hubo que pedir 65.725 millones de euros que tuvimos que
pagar todos los españoles para rescatar a las Cajas de Ahorros.
Según el
Gobierno del PP no nos iba a costar ni un duro. Se iba a recuperar
íntegramente. La realidad fue otra. Se ha recuperado aproximadamente el 9% en
Bankia y el resto parece que es irrecuperable,
unos 59.800 millones de euros. Vaya negocio. Vaya negociantes. Y para
colmo al Ministro de Economía de la época, Luis de Guindos se le premia y
asciende a una vicepresidencia del Banco
Europeo. Sin comentarios.
LAS PENSIONES SE DEFIENDEN,
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE
Y
EL
DINERO DE LAS COTIZACIONES, SOLO PARA
LAS PENSIONES.
